BRUSELAS RENUNCIA AL REGLAMENTO EUROPEO DE MOROSIDAD: QUÉ PUEDE RECLAMAR HOY UNA PYME A QUIEN LE PAGA TARDE

La Comisión Europea ha incluido el Reglamento contra la morosidad en la lista de propuestas que piensa retirar en su programa de trabajo para 2027. El Parlamento Europeo lo había aprobado en abril de 2024, pero el texto llevaba más de dos años y medio parado en el Consejo sin acuerdo político. Iba a fijar un marco común de plazos de pago para toda la Unión y un régimen sancionador para las empresas que pagan tarde a sus proveedores. Al ser un reglamento, se habría aplicado directamente en los veintisiete Estados sin necesidad de transposición.

Para las pymes españolas la noticia es mala, y no lo vamos a disimular. Pero conviene separar lo que se pierde de lo que ya existe, porque la ley española vigente da al acreedor más herramientas de las que la mayoría de empresas utiliza.

Qué sigue vigente: la Ley 3/2004

Las operaciones comerciales entre empresas, y entre empresas y Administración, se rigen por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad. Es cierto que no prevé multas administrativas para quien paga tarde. Hace más de una década que se tramita en el Congreso una proposición de ley para introducirlas y sigue sin aprobarse. Lo que sí contiene son consecuencias económicas automáticas que el acreedor puede exigir.

El plazo de pago, si nada se ha pactado, es de 30 días naturales desde la recepción de la mercancía o la prestación del servicio. Las partes pueden ampliarlo, pero nunca por encima de 60 días. Un contrato o unas condiciones generales que fijen 90 o 120 días no obligan en ese exceso, por mucho que el proveedor los haya firmado.

Los intereses de demora corren solos

Según el artículo 5 de la Ley 3/2004, el deudor incurre en mora por el simple incumplimiento del plazo, sin necesidad de aviso ni requerimiento. Desde el día siguiente al vencimiento se devenga el interés pactado o, a falta de pacto, el legal del artículo 7: el tipo del Banco Central Europeo más ocho puntos. Para el segundo semestre de 2026 ese interés es del 10,40 % anual, según la Resolución de 30 de junio de 2026 de la Secretaría General del Tesoro (BOE de 1 de julio). El tipo para el primer semestre de 2027 se publicará a comienzos de enero.

Pongamos una factura de 20.000 euros pagada con 90 días de retraso. Los intereses ascienden a 512,88 euros. No es una cifra que arregle un balance, pero sumada a lo largo de un año de facturas cobradas tarde sí es dinero, y sobre todo cambia la actitud del cliente cuando sabe que se le va a reclamar.

Los 40 euros por factura

El artículo 8 añade una indemnización fija de 40 euros por cada factura pagada fuera de plazo, que se suma a la deuda sin necesidad de pedirla expresamente. Si los gastos de cobro son mayores (honorarios, burofaxes, gestión externa) y se pueden acreditar, también se pueden reclamar por encima de esos 40 euros.

Esta indemnización es por factura, no por cliente. Una empresa que factura mensualmente a un cliente moroso acumula 480 euros al año solo por este concepto.

Las cláusulas que intentan evitarlo

Es habitual que el cliente grande imponga condiciones que excluyen los intereses de demora o la indemnización por costes de cobro. El artículo 9 declara nula la cláusula que excluya los intereses de demora y presume abusiva la que excluya la indemnización. Las asociaciones empresariales pueden, además, ejercitar acciones de cesación contra quien utilice ese tipo de condiciones de forma generalizada, lo que permite actuar sin que cada proveedor tenga que dar la cara frente a su cliente.

Hay otra consecuencia que pocas empresas conocen. Desde la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, quien no cumple los plazos de pago de la Ley 3/2004 no puede obtener subvenciones públicas de más de 30.000 euros.

Cómo reclamar después de la reforma procesal de 2025

Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 exige intentar una negociación previa antes de presentar una demanda civil. Explicamos cómo funciona en nuestra entrada sobre la exigencia de los MASC antes de acudir a los tribunales. Para reclamar una deuda comercial esto afecta también al proceso monitorio, que no ha quedado excluido del requisito. Por eso el primer paso tiene que estar bien hecho: un requerimiento por un medio que deje constancia de la fecha y del contenido, con el detalle de las facturas, los intereses calculados y los 40 euros de cada una, y una propuesta concreta de pago.

Dos precisiones prácticas. Ese intento de negociación no vale indefinidamente: si la demanda no se presenta en el plazo de un año, habrá que repetirlo. Y cuando la deuda está documentada en un pagaré, un cheque o una letra de cambio, el juicio cambiario no exige el paso previo, de modo que puede ser la vía más rápida.

A nuestro juicio, la retirada del reglamento europeo debería servir para que las pymes dejen de esperar una solución desde Bruselas y empiecen a aplicar la ley que ya tienen. Muchas no reclaman intereses ni indemnización por miedo a perder al cliente. Es comprensible, pero también es la razón por la que pagar tarde le sale gratis a quien lo hace.

Si su empresa tiene facturas vencidas o trabaja con condiciones de pago que superan los 60 días, en AGP Asesores revisamos sus contratos y le indicamos qué puede reclamar y por qué vía, dentro de nuestra área de Derecho Mercantil y Societario.

AGP Asesores
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