El pasado 31 de mayo de 2022 el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona aprobó inicialmente la modificación del Reglamento Metropolitano del Taxi, estableciendo la obligación para todos los taxistas del área metropolitana de Barcelona de tener instalada la aplicación de mediación Picmi Taxi, del mismo AMB.
El Área Metropolitana de Barcelona obliga a instalar su aplicación de mediación del servicio de taxi con el fin de reducir la circulación de los taxis sin pasajeros y para disminuir la congestión del tráfico en la ciudad
Esta norma pretende impulsar la contratación digital de servicios de taxi con el fin de reducir los kilómetros que los taxis recorren sin pasajeros buscando clientes en la vía pública (entre 316,8 y 402,6 millones de kilómetros al año, según datos del Área Metropolitana de Barcelona).
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha publicado un informe sobre la Regulación 58/2022, donde argumenta que aunque considera de interés general que el AMB busque herramientas para reducir el kilometraje en vacío del sector del taxi, advierte que la obligación a los taxistas de tener instalada la aplicación de mediación Picmi Taxi no es proporcional ni está debidamente justificada, dado que existen alternativas menos restrictivas a la competencia con las cuales se podría reducir igualmente el kilometraje en vacío de los taxis.
La ACCO es un organismo de la Generalitat de Catalunya de carácter independiente, regulado por la Ley 1/2009, de 12 de febrero. Su principal función es garantizar, mejorar y promover las condiciones de libre competencia y transparencia en los mercados.
El nuevo deber impuesto a los taxistas vulnera el principio de neutralidad competitiva y es discriminatoria respecto del resto de operadores en el mercado de la mediación
En particular, la obligación de instalar la app de mediación Picmi Taxi altera injustificadamente las condiciones del mercado de mediación en la contratación de servicios de taxi vía aplicación, ya que otorga a esta aplicación una ventaja competitiva indebida respecto al resto de operadores del mercado.
Si bien el nuevo Reglamento Metropolitano del Taxi describe Picmi Taxi como una “aplicación de petición a mano alzada digital”, claro está que esta aplicación ofrece servicios de mediación en la contratación de servicios de taxi, ya que su principal función es hacer de enlace entre oferta (taxistas) y demanda (pasajeros), independientemente de si se pueden pagar o no los servicios de taxi a través de la propia aplicación.
El privilegio otorgado a Picmi Taxi resulta especialmente relevante dadas las características del mercado en cuestión, en el cual es fundamental conseguir una masa crítica de usuarios, ya sea de consumidores o de taxistas, y en el cual la adhesión de la totalidad de los taxistas a la aplicación pública incentiva a que los consumidores pasen a utilizar esta plataforma en detrimento de las otras aplicaciones (fenómeno conocido como externalidad indirecta de red).
De esta forma, se vulnera el principio de neutralidad competitiva, que exige que todos los operadores de un mercado, públicos o privados, compitan en igualdad de condiciones y en base a sus méritos empresariales.
La ACCO propone dos alternativas concretas:
1. La primera sería que el Reglamento obligara a los taxistas a tener instalada como mínimo una (cualquiera) de las aplicaciones de mediación autorizadas por el Instituto Metropolitano del Taxi. De esta forma todos los operadores competirían en igualdad de condiciones y se incentivaría el uso de estas aplicaciones por parte de los taxistas.
2. Y la segunda consistiría en no incluir en el Reglamento Metropolitano del Taxi la obligación de disponer de Picmi Taxi, y que esta compitiera con el resto de operadores en base a los méritos de la plataforma (calidad, precio, innovación, funcionalidad, accesibilidad, etc.).
Cada año, el sector del taxi del área metropolitana de Barcelona recorre entre 316,8 y 402,6 millones de kilómetros en vacío, sin pasajeros, causando un impacto ambiental sustancial y contribuyendo a la saturación de la red viaria.
Con estos datos, es legítimo que las administraciones públicas (la AMB en este caso) planteen herramientas y cambios normativos para solucionar un problema que definitivamente presenta externalidades negativas para el conjunto de la población.
En esta línea, puede ser una buena iniciativa el hecho de que la AMB desarrolle una aplicación propia de concertación digital de los servicios de taxi.
Ahora bien, consideramos que la obligación para los taxistas de disponer de la aplicación Picmi constituye una restricción a la competencia muy significativa en el mercado de la mediación en la contratación de servicios de taxi en el área metropolitana de Barcelona, perjudicando a competidores incumbentes y potenciales (que se ven claramente discriminados) y propiciando, en definitiva, una alteración injustificada de las condiciones de competencia en el mercado, y perjudicando a las personas consumidoras y usuarias (ya que de esta obligación se puede derivar una oferta de peor calidad, más cara y menos variada e innovadora).
La modificación del RMT no tiene en consideración los efectos perjudiciales a la competencia aquí descritos ni justifica de ninguna forma la oportunidad de la restricción impuesta frente a otras alternativas.
Así, la ACCO considera que habría otras opciones para reducir el kilometraje en vacío (como las que hemos presentado) que serían mucho menos restrictivas para la libertad de empresa y que la AMB debería valorar para conseguir una regulación eficiente y favorecedora de la competencia.
